Todo va bien, con los habituales y numerosísimos peros. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo aseguran tras el primer examen posterior al cierre del rescate financiero español que las “tendencias positivas” que permitieron a España una salida impía del programa siguen su curso, a pesar de que persisten tremendos desafíos en cuanto a la recuperación, las finanzas públicas y el sector bancario. La reactivación de la economía está en marcha, si bien a paso lento, con un desempleo aún muy alto y con la losa del endeudamiento público y privado como principal foco de vulnerabilidad, según el análisis de Bruselas y Fráncfort. El déficit mejora, aunque España necesitará este año poner en marcha una ejecución presupuestaria “rigurosa” para alcanzar los objetivos previstos.
Para el BCE y la Comisión, el sistema financiero sigue ganando fuerza, pero advierten de la “caída de los volúmenes de intermediación”, y sobre todo del “deterioro de la calidad de los activos”. Los hombres de negro reclaman a España “una estrecha vigilancia sobre los niveles de provisiones y de capital” de la banca, y piden que el proceso de privatización de las entidades nacionalizadas “prosiga con determinación” en 2014. Y, de paso, siguen sembrando dudas sobre el banco malo: “El desafío para la Sareb es vender una parte significativa de su cartera de activos y aumentar al máximo su valor”.
España, según los inspectores de Bruselas y Fráncfort —que finalizaron su visita a Madrid el jueves— sigue aprobando reformas: las dos últimas son una iniciativa sobre las quiebras empresariales para facilitar las reestructuraciones de deuda y la tarifa plana de 100 euros a la Seguridad Social para fomentar los contratos indefinidos. Pero la Comisión y el BCE son críticos con la agenda de Madrid: “Algunas medidas han sufrido retrasos, como la liberalización de los servicios profesionales, que podría ser finalmente menos ambiciosa de lo previsto”. El informe termina con las habituales admoniciones: asegura que hay “retos pendientes” en lo relativo a la reforma del mercado laboral —tras dos reformas en tres años— y, en general, advierte al Ejecutivo de Mariano Rajoy que debe “fortalecer aún más la agenda de reformas estructurales”.
No parece el caso. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el núcleo de las reformas es el ya aprobado, y en todo caso solo quedan retoques en cuanto al marco de relaciones laborales y la reforma del sistema tributario, pensando directamente en las elecciones generales.
Próximas reformas
Frente a las peticiones de Bruselas, lo más probable es una reforma que se presente como una rebaja de impuestos pero con un efecto neutro sobre la recaudación, a la vista del aún elevado déficit público, que cerró 2013 en torno al 7% del PIB, a la cabeza de Europa. Sin contar las ayudas a la banca acabó el año en el 6,6% del PIB, apenas una décima por encima de los objetivos de Bruselas. España se beneficiará este año de su incipiente recuperación, tan frágil como la europea, y en el marco de sus relaciones con Bruselas puede sacar algún rédito de la debilidad de la Comisión por la cercanía de las elecciones europeas. Francia e Italia acaban de reclamar a Bruselas más margen con las metas de déficit, para no ahogar la recuperación.
Si la Comisión se muestra benevolente con la segunda y la tercera economía del euro, eso podría beneficiar de retruque a la economía española, aquejada aún de un crecimiento muy bajo, un paro que supera el 25%, una deuda pública que galopa imparable hacia el listón del 100% del PIB y una deuda privada que se reduce muy lentamente, con caídas del crédito poco compatibles con una reactivación sólida. Y con una preocupante tendencia deflacionista a causa de la inacción del BCE y del proceso de dolorosa devaluación interna.