El Gobierno lanzó ayer el portal de transparencia en cumplimiento de la ley que aprobó hace un año, con la que España dejó de ser el único país de Europa sin una norma que facilitara el acceso de los ciudadanos a la información pública. Lo hizo después de que José Luis Rodríguez Zapatero incumpliera su programa, en 2004, en el que se comprometía a aprobar una ley de transparencia. Sin embargo, el nuevo portal, que solo ofrece datos de 2014, ha nacido con más limitaciones y trabas de las que ya marcaba la propia norma.
A las excepciones ya conocidas —las que suponen un perjuicio para cuestiones como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos o comerciales— se une la limitación del formato, que no permite trabajar con los datos como en una hoja de cálculo, por tanto no se puede llegar a un análisis. En el caso de las trabas, las dificultades se evidencian a la hora de tratar de acceder al formulario para pedir datos (ubicado en una esquina del portal), para el que se exige tener DNI electrónico o un certificado digital o solicitar unas claves a través de un sistema que, durante el día de ayer, no funcionó.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que es la principal impulsora de la ley y del portal de transparencia, reconocieron “dificultades” para registrarse y obtener la clave necesaria para formular la solicitud de datos. “Es normal que haya problemas cuando las cosas empiezan a funcionar y que luego se vayan solventando”, alegaron, obviando que la ley, que preveía la puesta en marcha del portal, se aprobó hace un año.
“Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”, señala el artículo 12 de la ley de transparencia sobre uno de los dos ejes de la norma: la transparencia reactiva, que es aquella que se pone en marcha cuando se solicita información a las Administraciones. Sin embargo, el derecho a acceder a la información que se puede solicitar está limitado a quienes tengan DNI y a los ciudadanos europeos, como indica el propio portal.
También dice la ley que la solicitud de datos “podrá presentarse por cualquier medio” que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita y una dirección de contacto, “preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones”. Esto tampoco se cumple, porque la única forma de reclamar información es a través del propio portal en el que no figuran un correo electrónico, un número de teléfono o las direcciones postales a las que se pueden dirigir los ciudadanos para presentar solicitudes. Fuentes de la Secretaría de Estado aseguraron que se recogerán todas las peticiones, incluso manuscritas, que se formulen en cualquier oficina y que el teléfono al que puede dirigirse el ciudadano es el 060.
Todos estos obstáculos chocan con el anuncio del Consejo General del Poder Judicial que no exige ningún tipo de identificación para acceder a la información ya que, según consideran, “es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso”, tal como expuso el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.
Entre la información proactiva, los datos a los que se puede acceder sin problemas después de que hayan sido agrupados o publicados por primera vez en el portal, hay pocas novedades: los contratos menores, las retribuciones de los altos cargos que se sitúan por debajo de los secretarios de Estado, los convenios y la relación de las indemnizaciones solicitadas a quienes han ocupado un cargo y que, en compensación por la incompatibilidad para trabajar en otros puestos, están percibiendo una indemnización.
Pese a que el secretario de Estado de Relaciones Institucionales, José Luis Ayllón, destacó los más de 500.000 registros de datos del portal, fuentes del departamento no supieron indicar en qué porcentaje se trata de información nueva.
Lo que se puede encontrar en la página
En la página se podrán encontrar más de medio millón de informaciones de interés público. Entre ellas todo tipo de subvenciones o convenios, junto con otra documentación que ya era pública y ahora se centraliza. También se incluyen los sueldos en bruto de los altos cargos, de director general para arriba. Entre otros documentos, se podrá hallar también, por ejemplo, una lista de las autorizaciones concedidas a los altos cargos que se han pasado a la empresa privada.
Lo que no se puede encontrar
Entre los datos que no podrán encontrarse están aquellos que supongan un perjuicio para cuestiones como la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos o comerciales entre otros asuntos.
Tampoco se detallarán los registros de entrada y salida de los ministerios de la Moncloa, un asunto clave para comprobar quién se reúne con los políticos. La situación contrasta con la de Europa, donde Miguel Ángel Arias Cañete, para ser comisario de industria de la UE, se ha tenido que comprometer a publicar con quién se reúne cada día. Tampoco se conocerán datos sobre una información que ha sido muy polémica en las últimas semanas: el Congreso y el Senado aún no se han decidido a difundir todos los viajes de sus miembros.
Los informes previos para la elaboración de leyes y dictámenes o para la decisión de incrementar los impuestos seguirán siendo, igualmente, secretos.
Por otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso tiene previsto decidir en su reunión del próximo martes qué vía utiliza para modificar su Reglamento y adaptarse a las obligaciones de publicidad y acceso a la información que fija la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que se aprobó hace justo un año y que ha entrado en vigor en su totalidad este miércoles.
