El Ministerio de Fomento es consciente de los problemas que sufre el aeropuerto madrileño de Barajas, cuyo tráfico está en caída libre, y el impacto que está teniendo este fenómeno en la economía de la región, sobre todo en el turismo. Por este motivo, el departamento que dirige Ana Pastor contempla modificar las tarifas de Aena con vistas a alentar la recuperación de las conexiones y el número de pasajeros. Además, también está contactando con aerolíneas extranjeras para que utilicen el aeródromo, superado en tráfico por El Prat de Barcelona durante este verano por primera vez. Especialmente para la Terminal 4, restringida a Iberia y sus socios.
“No descartamos revisar la política tarifaria en Madrid y en el conjunto de la red si así lo necesitan”, ha asegurado el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, en el Congreso. No obstante, ha condicionado un eventual cambio al hecho de que Aena debe dejar de financiarse con deuda. Por este motivo, precisamente, Catalá ha descartado que en 2014 se vaya a adoptar la rebaja general de las tasas aeroportuarias que el ente público había vaticinado hace unos meses tras las fuertes subidas registradas en 2012. Eso sí, a tenor de sus palabras, hay margen para adoptar ayudas puntuales siempre y cuando se cumpla una “política rigurosa de control de costes”.
Ante la necesidad de acatar este principio de actuación, Catalá ha insistido en que Aena “no va a incurrir en ningún tipo de costes” en Murcia por el conflicto de los aeropuertos. Así, ha dicho que “solo cerrará San Javier, cuando Aena reciba lo que le deben”, que son los 70 millones que acaba de gastarse en reformar este aeropuerto. El Gobierno regional de Ramón Varcárcel anunció esta misma semana un acuerdo para ceder esta infraestructura a Defensa para permitir que arranque el recién construido aeropuerto de Corvera, donde Sacyr también reclama el pago de otros 200 millones de deuda. Sobre la posibilidad de que el ente público se haga con la licitación del nuevo aeródromo, el secretario de Estado ha afirmado que lo estudiará siempre y cuando primero le abonen la deuda.
Inversión privada
Por otra parte, el Ministerio de Fomento prevé que la iniciativa privada invierta 1.350 millones de euros en infraestructuras portuarias y de carreteras en 2014, importe que elevaría así en un 15% el presupuesto de inversión pública total con que cuenta el Departamento, que se sitúa en 8.980 millones de euros. Esta cifra es un 10% inferior a la de 2012. De la aportación privada, 800 millones corresponden a las concesionarias de instalaciones portuarias y otros 550 millones a las de autopistas y autovías, según detalló Catalá. “Recibimos muchos fondos de inversión que quieren invertir en nuestro país porque está volviendo el interés”, añadió.
“Además del presupuesto de inversión pública, en el Ministerio de Fomento seguimos trabajando en promover la financiación mediante colaboración público-privada y en buscar nuevas vías de financiación”, según detalló el número dos del Departamento durante su comparecencia en la Comisión de Fomento para explicar los presupuestos de 2014.
Por el momento, Fomento apuesta por “maximizar el esfuerzo inversión, maximizando las inversiones más productivas y eficientes”, apuntó Catalá durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso. Así, apostó por emplear el presupuesto inversor con que contará para AVE (3.194 millones de euros, un 3% menos que en 2013) y para construcción de nuevas carreteras (1.158 millones, un 6% más) a “completar y poner en valor” los grandes ejes “que presentan un alto grado de ejecución”.
Operación Campamento
Además, Catalá avanzó que la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes) recortará en un 31% su endeudamiento y ahorrará 112 millones de euros gracias a la ruptura del acuerdo que tenía con el Ministerio de Defensa para desarrollar la Operación Campamento. Este proyecto consistía en la promoción de viviendas en unos antiguos cuarteles de Madrid. Sin embargo, para el secretario de Estado, era de “dudosa viabilidad”.
Según detalló, “la restitución de los terrenos” de la operación al Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas “por un 75% del precio del convenio”, permitirá a Sepes recortar su deuda financiera en un 31% y reducir en un 38% sus gastos financieros. Además, la sociedad se ahorrará 112 millones de euros por no tener que comprar suelo y 25 millones de euros en intereses, y cargas y gastos urbanísticos.