El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparte “la decepción de la sociedad gallega” por la sentencia del Prestige que no responsabiliza (salvo una condena mínima de nueve meses para el capitán Apostolos Mangouras) a nadie por la mayor catástrofe ambiental que se recuerda en España. Feijóo reclamó esta mañana en la rueda de prensa posterior a su reunión de Gobierno: “Debe haber alquien que pague que una chatarra flotante produjese ese impacto ambiental y un gran coste económico para las arcas públicas”. Y confió en el plazo de cinco días que la fiscalía y la abogacía general del Estado tienen para anunciar si recurren el fallo en casación ante el Tribunal Supremo.
Los letrados de la Xunta también están estudiando si lo hacen. Y en todo caso, advirtió el presidente, queda la vía civil para que “alguien pague esto”. “Una vez que tenemos constancia de que no hay responsabilidad penal salvo para el capitán del barco. La clasificadora, aseguradora y el armador, qué responsabilidades económicas tienen”, se preguntó ante los periodistas.
La sentencia que absuelve al único imputado de la administración pública, el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, también llevó a Feijóo a lamentar “el linchamiento político que la oposición quiso hacer” con este cargo del Gobierno de José María Aznar que gestiono el accidente. El presidente aseguró que “el linchamiento a López Sors” fue “injusto”. Preguntado sobre si interpreta que la inocencia dictada por los tribunales respalda las decisiones políticas que se adoptaron en aquellos días de fuel y chapapote, aseguró que la justicia ha respaldado “la decisión de alejar el barco”. No obstante, aseguró que el plano político es distinto del jurídico y que desde 2002 se celebraron elecciones municipales, autonómicas y generales y que al igual que asume las sentencias también se “somete a la voluntad de las urnas”. Rechazó calificar la gestión que hicieron los Gobiernos de Fraga y de Aznar entonces (de los que él no formaba parte) porque según aseguró “esa evaluación ya la hicieron los ciudadanos”. Ambos Ejecutivos, tanto el de la Xunta, como el de Madrid, perdieron las elecciones y fueron desalojados del poder en las citas con las urnas posteriores a la catástrofe.