El Gobierno ha lanzado este viernes la privatización parcial de AENA Aeropuertos tras cuatro años en los que la crisis y la propia situación del ente habían frenado la operación. La venta del 49% del capital del ente, que además de gestionar la red española tiene en propiedad los aeropuertos, supone la privatización más importante de los últimos 15 años tras la frustrada salida a Bolsa de Loterías en 2011. El Estado, según ha explicado la ministra de Fomento, Ana Pastor, seguirá teniendo el control de la sociedad cuando empiece a cotizar en el mercado, lo que está previsto para el próximo noviembre. Para las arcas públicas, la operación podría suponer unos ingresos aproximados de 2.450 millones.
La ministra ha explicado que la entrada de los inversores se llevará a cabo en dos fases. En la primera, en la que Fomento buscará lo que Pastor ha calificado como “núcleo estable” de accionistas, se colocará el 21% de la sociedad. El Gobierno tenía planteado que estos inversores de referencia firmasen un compromiso de permanencia de tres años, aunque la responsable del departamento no ha dicho este viernes nada al respecto. Por el contrario, Pastor sí ha confirmado que la elección de estos inversores se realizará por concurso y derecho de concurrencia. Según el calendario que maneja Fomento, la selección estará hecha en septiembre.
En la segunda fase se venderá a través de una oferta pública el 28% del capital de AENA. A esta operación podrán acudir los inversores minoritarios. El folleto de la operación, ha continuado la ministra, se publicará en octubre y, si todo sale según lo previsto por el Gobierno, la nueva AENA conformada por capital público y privado estará en Bolsa el próximo noviembre.
“La entrada de capital va a fortalecer la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema en red”, lo que para la ministra garantizará la condición de servicio público. Junto a ello, Pastor ha destacado que “la mayor eficiencia de AENA será un estímulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como el turismo y el comercio”. Y, con vistas al futuro, ha valorado que contar con estos inversores permitirá el desarrollo internacional del ente, que es la actual tendencia del mercado. Por otra parte, la responsable del Ministerio ha avanzado que establecerán un nuevo marco para que las tarifas se revisen cada cinco años. A este respecto, el Gobierno confíe en que la operación redundará en una mayor eficiencia y, con ello, en tasas más ajustadas.
Primeros beneficios
La entrada de capital privado en el gestor de la red de aeropuertos españoles ha estado sobre la mesa de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también aprobó la salida a Bolsa de Loterías y dio mandato a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para vender sus participaciones en Ebro Puleva, IAG y REE con vistas a ayudar a la reducción del déficit. La virulencia de la crisis y la falta de una demanda sólida obligó a suspender estas operaciones, lo que dejó al Estado sin recaudar los 13.000 millones previstos. Junto a las dudas del mercado, la derrota de los socialistas en las urnas acabó por dar carpetazo a la privatización del gestor aeroportuario. A este respecto, la ministra ha explicado que el planteamiento del anterior Ejecutivo, que abogaba por vender solo los grandes aeropuertos, no era viable.
Ahora, con los mercados en franca recuperación y la confianza en que lo peor de la crisis ha quedado atrás, el Gobierno cree llegado el momento de relanzar la operación con la aprobación formal del Consejo de Ministros. Para convencer a los potenciales compradores, el Ejecutivo puede presumir de que AENA Aeropuertos abandonó las pérdidas en 2013. Durante el pasado ejercicio, el ente, que se sufraga con los ingresos que recibe de la actividad comercial de los aeropuertos y lo que que cobra por sus tarifas, ganó 597 millones de euros tras recortar gastos y reducir deuda. En este sentido, su pasivo ha caído en un 20% en los dos últimos años. El resultado neto de Grupo AENA, que incluye los aeropuertos y la dirección de navegación aérea, arrojó unos beneficios de 715 millones de euros.
En cuanto al valor que la empresa tendrá en el mercado, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, comentó en una reciente entrevista con EL PAÍS que, usando como referencia los aeropuertos de los países vecinos o similares, estos cotizan a 10 veces su Ebitda. “Creo que podríamos hablar fácilmente de unos 16.000 millones de euros, teniendo en cuenta que el Ebitda superó los 1.600 millones el año pasado, y a esto habría que descontar la deuda de la compañía, aún muy relevante, pues supera los 11.000 millones”, añadió. Por tanto, bajo estos parámetros, la operación permitiría al Gobierno captar unos 2.450millones de euros.
Antecedentes
Según los archivos de la SEPI, el Estado ha realizado hasta la fecha 29 privatizaciones a partir de ofertas públicas de venta (OPV) como la que ahora plantea para AENA. Gracias a ellas, ha ingresado en torno a 32.000 millones de euros, principalmente gracias a las privatizaciones realizadas en los años 1997 y 1998 de antiguos grandes monopolios, como Telefónica, y Endesa.
Con la venta de la eléctrica, que se llevó a cabo en dos fases, la SEPI ingresó unos 10.000 millones. La privatización en 1997 del 21% de Telefónica, participada por Patrimonio, reportó unos 3.700 millones de euros; el 29,2% de Argentaria, en febrero de 1998, otros 2.200 millones y, con la venta del 54% de Tabacalera en 1998, el Estado recaudó alrededor de 1.700 millones.
Junto a las OPV, el Estado también ha salido de antiguas empresas públicas con ventas bursátiles, como Altadis, y aceptando opas, aunque en volumen de dinero no fueron tan representativas.