La clase política se ha enzarzado en la discusión sobre el plebiscito popular pedido por la presidenta Dilma Rousseff, un tema que se ha convertido en la manzana de la discordia.
Rousseff, dando respuesta al grito de la calle y sus exigencias de cambio, había anunciado un plebiscito destinado a crear una asamblea constituyente para una reforma política. La idea duró sólo 24 horas porque fue considerada inconstitucional.
A partir de ahí nació la propuesta del plebiscito sin más. En un inicio debía destinarse a consultar a la opinión pública sobre las reivindicaciones pedidas por los manifestantes. Al final se quedó en una consulta popular sobre una reforma política que no estaba en el programa de las peticiones de los manifestantes.
El Gobierno tiene razón que ese es el tema central para una reforma global de las instituciones. De hecho, desde hace más de 20 años se habla de ello sin que nadie hasta hoy se atreviera a ponerle el cascabel al gato. Son muchos los intereses en juego.
Sin embargo, la calle no aboga por reformar los partidos. No los quiere ni reformados, o mejor, rechaza a los políticos a los que considera los responsables últimos del atraso de un país que al mismo tiempo es una potencia económica. E incluso hay quien se hace la peligrosa pregunta de si los partidos son indispensables en la esencia de la democracia.
La idea de un plebiscito para la reforma política ha sido rechazada por la oposición que, en todo caso, aceptaría sólo un referendum. Ayres Britto, expresidente del Supremo. y muchos juristas con él, preferirían también un referéndum que sería, dicen, menos peligroso.
En el referéndum los ciudadanos votarían sí o no al proyecto de reforma ya elaborado por el Congreso. En el plebiscito se harían preguntas a la población que después usarían los políticos para elaborar la reforma. ¿Y si rechazaran el resultado del plebiscito?
Dilma cree que el referéndum sería más dramático, pues la calle podría rechazar en pleno el proyecto ya aprobado y habría que empezar de nuevo. Y ella tiene prisa.
Muchos ven además el plebiscito como una forma de introducir por la ventana una peligrosa experiencia de democracia directa a la bolivariana, sin contar que sería muy difícil a la gente opinar sobre temas tan complejos como el de una reforma política que hasta los más ilustrados, para entenderla, necesitan acudir a los especialistas.
Para el 99% del elector común en Brasil, las preguntas hechas en un plebiscito sobre la reforma política les sonaría a griego, afirma el bloguero más seguido del país, Reinaldo Azevedo. Y es que aún restringiendo las preguntas a tres temas: financiación pública de las campañas políticas, sistema de elección de parlamentares y voto en lista, cada una de ellas comporta por lo menos tres alternativas: voto distritual, distrital mixto y proporcional; financiamiento público, financiamiento mixto, financiamiento con donaciones privadas; voto nominal, voto en lista, voto doble, mezcla de los dos criterios, etc.
El Gobierno, con prisas para acallar a los manifestantes quiere que el plebiscito se realice antes de octubre, porque desea que la nueva reforma sirva para las elecciones del año que viene. ¿Habrá tiempo para ello con el laberinto del plebiscito?
Para complicar la cosa, ya hay diputados que han anunciado que desean colocar en el plebiscito la delicada cuestión del fin de la reelección que alcanzaría también a la Presidencia de la República, que actualmente es de dos mandatos.
Se dice, sin embargo, que la nueva norma sólo entraría en vigor en 2018 para que la presidenta Russeff pueda representarse para otros cuatro años, pero si fuera aprobado en plebiscito, ¿no exigiría la opinión pública que empezase a ser efectiva ya en 2014? ¿Y qué haría Dilma?
Mientras tanto, las manifestaciones aunque menos multitudinarias siguen en pie en todo el país. Ayer tuvieron lugar en 12 ciudades y en la calle se siguen presentando a los políticos exigencias concretas, inmediatas, cada vez más centradas en la lucha contra la corrupción y el despilfarro del gasto público, muy lejanas de ese “árido” tema del laberinto de la reforma política a través de un plebiscito que podría acabar siendo, en expresión de Britto, un “cheque en blanco” para los actuales políticos.
El rompecabezas está sobre la mesa y nadie se atreve hoy a adelantar su solución.