“Es la mayor ampliación de la soberanía desde Cristóbal Colón”, dice Luis Somoza Losada, coordinador del equipo de 13 personas —siete civiles y seis militares— que se ha encargado de apuntalar la ambiciosa expansión marina de España. El Gobierno acaba de presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una propuesta para aumentar los límites de la plataforma continental española al oeste de las Islas Canarias. El Estado reclama la soberanía sobre los recursos naturales (incluyendo el subsuelo) de un área marina de 296.500 kilómetros cuadrados en el Atlántico, una superficie similar a la que ocupa todo el territorio emergido de Italia.
Parte de esa zona, unos 10.000 kilómetros cuadrados al suroeste de Madeira, también la reivindica Portugal. Los dos Estados deben entenderse en este caso, que previsiblemente acabará con un salomónico reparto.
Somoza, miembro del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), aún arrastra el jet lag. Acaba de regresar de Nueva York, donde el 17 de diciembre registró la reivindicación española. Es un documento en el que se detallan las coordenadas de 448 puntos del Atlántico. Cuando se unen, forman la nueva frontera marítima que reclama España.
La linde está ahora fijada en las 200 millas marinas desde la línea de costa, según se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero esta norma permite que los Estados la amplíen hasta las 350 millas. El área comprendida entre la frontera de las 200 millas y la nueva es lo que reclama ahora España como propio.
Si el Gobierno lo logra tendrá todos los derechos de “exploración y de la explotación de sus recursos naturales”. Y con las polémicas prospecciones que Repsol desarrolla en las islas —los sondeos son en la zona este, no están en el área de ampliación— es imposible no pensar en hidrocarburos. “En la zona hay gas”, apunta Somoza. “Otra cosa es que sea rentable extraerlo”, añade. Depende, según este investigador, de si hay grandes bolsas en el subsuelo y de la profundidad. “También puede haber petróleo”, dice Somoza. “Lo que no hay es caladeros, porque son aguas muy profundas”.
Si se cumplen las pretensiones de España, el Estado no solo tendrá derechos: “Tendrá la obligación de preservar la zona”. Somoza resalta entre las potencialidades científicas las líneas de investigación que se están abriendo para la biomedicina gracias a las bacterias descubiertas en los sedimentos de los océanos. “Algunas tienen propiedades anticancerígenas”, indica.
Pero, para ganar esos 296.500 kilómetros cuadrados (el equivalente al 60% del territorio emergido de España) hace falta que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU valide la propuesta. El equipo de Somoza ha realizado seis campañas a bordo de tres buques oceanográficos públicos (el Hespérides, el Miguel Oliver y el Sarmiento de Gamboa) para documentar los límites exteriores de la plataforma. En total, han recorrido 72.352 kilómetros. Los técnicos de la ONU tendrán que verificar ahora la información recabada.
Hay, al menos, otro escollo que se debe salvar. Portugal presentó hace cinco años su propuesta de ampliación de la plataforma continental ante la ONU y parte de sus reivindicaciones se solapan con las de España. “Son unos 10.000 kilómetros cuadrados”, calcula Somoza, ubicados al noroeste de las Canarias.
La disputa no tiene visos de llegar al crudo enfrentamiento en el que andan enfrascados Canadá, Noruega, Rusia, EE UU y Dinamarca en el Ártico. Pero España y Portugal se han cruzado tres escritos sobre este asunto ante la ONU desde que el país vecino presentó su propuesta en 2009.
Para el Ejecutivo luso, la ampliación de la plataforma continental es un asunto prioritario. En la Estrategia nacional para el mar, aprobada por el Gobierno portugués en 2006, se establece que este proceso de ampliación supondrá extender la soberanía marítima hasta los cuatro millones de kilómetros cuadrados (lo que supone el 4% de todo el Atlántico). “Las esperanzas depositadas en la capacidad de desarrollo económico y social del mar constituyen una de las escasas buenas noticias que el actual Gobierno puede dar a la sociedad portuguesa, en el contexto de una agenda política y mediática dominada por el rescate”, escribía Amparo Sereno —investigadora del centro luso de Estudios Jurídicos Económicos y Ambientales— en el último número de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales.
Tanto esta investigadora como Somoza apuestan por una fácil salida negociada. “Habrá negociaciones bilaterales y, seguramente, esa franja se dividirá en dos y se repartirá”, vaticina el miembro del IGME. Somoza habla desde la experiencia. Guarda en su bagaje profesional otra ampliación: la extensión de 78.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental española en el mar Cantábrico, que ya ha aprobado la ONU. Todavía está pendiente en Nueva York otra petición: 50.000 kilómetros cuadrados de ampliación de la plataforma en Galicia.