La nueva ecotasa de Baleares se llamará “impuesto de turismo sostenible”, según el borrador de ley que ha presentado este miércoles el Gobierno PSOE-Més, apoyado por Podemos, para integrar lograr un consenso a través del debate social y político. Está previsto que el nuevo tributo se empiece a cobrar en el verano de 2016 y que se recauden entre 50 y 80 millones anuales. Cada visitante o usuario de hoteles, residencias o chalés deberá pagar entre dos euros y cincuenta céntimos por cada noche de estancia, en función de la categoría del alojamiento.

Los influyentes grupos ecologistas baleares —y también Podemos— presionan para que los fondos logrados tengan un destino exclusivamente medioambiental y social. El Ejecutivo PSOE-Més para intentar congraciarse con los empresarios y municipios incorpora al panel de futuras inversiones la innovación, la promoción turística y las reformas de zonas turísticas.

La izquierda no ha atendido a las presiones y advertencias públicas de la patronal de hoteleros, de los grupos mayoristas internacionales y de la oposición, el PP. Este bloque crítico sostiene que el tributo tendrá un impacto negativo en el mercado y flujo de visitantes, afectando al conjunto de la economía balear.

“Es un compromiso adquirido en los acuerdos para el cambio, en el pacto de Gobierno”, recalcó la presidenta balear, la socialista Francina Armengol. “Queremos reinvertir en la mejora del modelo y de la industria. No se carga a las espaldas de los residentes”, añade Armengol. El consejero de Turismo, el soberanista Biel Barceló afirma que “la finalidad es sobre todo medioambiental. Vivimos del turismo y del paisaje, está claro”. Y rebatió a los ecologistas que critican la nueva propuesta por no ser exclusivamente ambientalista.

En su primera etapa, entre 2002 y 2003, la ecotasa balear que implantó el primer Gobierno regional del pacto progresista de Francesc Antich (PSOE-Més-IU) generó un total 160 millones, que terminaron de cobrarse en 2014. La cifra creció con los recargos por las dilaciones provocados por los recursos. Cada año, Baleares recibe más de 13 millones de turistas. El Gobierno balear clama contra la falta de recursos y la mala financiación.

En 2014, según datos del Gobierno, se contabilizaron 52 millones de pernoctaciones. De ellas, menos de 800.000 fueron de residentes, de turismo interior, viajes de trabajo o acompañamiento de enfermos interinsulares. La UE prohíbe la discriminación entre viajeros por su origen. Por ello, los baleares también pagarán el tributo. El cobro en aeropuertos y puertos es inviable, pero en la nueva versión 2016 la ecotasa se cobrará a los viajeros de los cruceros, más de un millón de viajeros al año. Los visitantes menores de 14 años no abonarán la tasa, que en invierno se reducirá a la mitad.

El Gobierno balear del PP de Jaume Matas anuló al llegar al poder, en 2003. el impuesto sobre estancias turísticas y derogó la ley balear de la izquierda. El Tribunal Constitucional validó el cobro de la ecotasa. La pugna empresarial contra el cobro no cuajó. Todos los hoteleros pagaron finalmente. Las acciones de rechazo al tributo se plasmaron ante los tribunales y las autoridades de la UE, con recursos de oposición, reclamaciones y apelaciones ante la administración tributaria.
El Pais