El juez que investiga la mayor catástrofe ferroviaria de las últimas décadas en España, en la que murieron 79 personas el pasado 24 de julio en Santiago, llamará a declarar como imputados al actual presidente de la empresa públñica Adif, Gonzalo Ferre, y a sus dos últimos antecesores por su presunta responsabilidad en el siniestro. El magistrado Luis Aláez, titular del Juzgado de Instrucción número tres de Santiago, también llamará a declarar como imputados a los consejeros del ente gestor de infraestructuras ferroviarias desde el 11 de diciembre de 2011, cuando se inauguró la línea del tren Alvia Santiago- Ourense en la que se produjo el descarrilamiento.
Aláez se ha dirigido a Adif para que le identifique a los tres presidentes de la compañía y a los vocales del consejo en este periodo a fin de tomarles declaración como imputados. Se trata de Ferre, presidente de Adif, desde el pasado enero; de Enrique Verdeguer, que ocupó el cargo desde la llegada del PP al Gobierno, y de Antonoio González Marín, último presidente de la compañía con el Ejecutivo de Zapatero. El diseño de la línea fue aprobado bajo el Gobierno socialista pero entró en funcionamiento cuando el gabinete ya estaba en funciones a la espera de que tomase posesión Mariano Rajoy.
En su auto hecho público esta mañana, el magistrado esgrime que, aunque las competencias de la seguridad en la línea fueron delegadas por el consejo de administración en el Área de Seguridad de Adif, el pasado mayo, se debe acreditar que ese traspaso de facultades se hizo en “personas competentes a las que se han facilitado los medios demandados o denunciados como necesarios para evitar accidentes”. Aláez añade que, aun en este caso, el consejo de administración debe justificar que “ha vigilado la diligencia de dicha dirección en el cumplimiento de la función encomendada”. En otro auto del pasado 20 de agosto, el juez ya había anunciado su intención de imputar a cargos de Adif al considerar que, si bien el causante directo de accidente fue el maquinista que entró a 190 km/h en una curva limitada a 80, la empresa pública cometió una “imprudencia punible” al descuidar la señalización de la vía para evitar precisamente que un posible despiste del conductor tuiviese consecuencias fatales.
Además, el juez ya ha llamado a declarar como imputados los próximos días 18 y 19 a los cargos intermedios de Adif a los que la empresa pública ha identificado como responsables directos de la seguridad en la línea donde se produjo el accidente. Se trata del director de Seguridad en la Circulación de todo el ente público, Manuel Besteiro Galindo; el jefe de Inspección del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio García Díez, y el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando Rebón Sartal, así como a dos inspectores, Carlos A.G. y Roberto S.A. El magistrado ha pedido además a Adif que le identifique a todas las personas que han desempeñado esos mismos cargos desde diciembre de 2011, cuando se abrió la línea.
Los servicios jurídicos de Adif ya están analizando el auto del juez Aláez, según informaron a Europa Press fuentes de la compañía pública. Las mismas fuentes apuntaron que Adif no se pronunciará sobre el auto hasta que no analice el departamento de servicios jurídicos de la compañía dependiente del Ministerio de Fomento. No obstante, Adif manifiesta su plena disposición a transmitir al juez toda la información que ha solicitado.